APRENDER DE TERREMOTOS Y RECONSTRUCCIONES

Cuando los damnificados por la muerte y lesiones de sus seres queridos aún no superan la incertidumbre inicial, y la desbordada muestra de solidaridad ciudadana les abre puertas de esperanza para empezar a sobreponerse a la tragedia y a la perdida de sus viviendas y sitios de trabajo, a raíz del terremoto que tantos estragos causó en el occidente colombiano, en varias publicaciones han hecho alusiones al los terremotos de Popayán, 1983, y de Armenia, 1999, como precedentes de lo que debe y no debe hacerse para afrontar la reconstrucción del tejido social, la actividad económica y la construcción de las viviendas, centros educativos, hospitalarios y demás edificios de uso público y comercial en las capitales y municipios más afectados en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda y Caldas.
En otros departamentos como el Cauca (nororiente) y occidente del Tolima aún no han sido suficientemente evaluados y divulgados los daños, especialmente en lo relacionado con el estado de los centros educativos, de salud, sedes administrativas y viviendas.

REGISTRO DE DAMNIFICADOS Y MANEJO DE AYUDAS

En artículo de la edición digital del periódico El Espectador publicado el 16 de agosto y escrito por Daniel Felipe Rodríguez Rincón, leemos:
“Néstor Hoyos Figueroa, miembro del Colectivo Andino para el Estudio de Iniciativas para la Promoción de la Propiedad Horizontal, con más de 30 años de experiencia en la administración de conjuntos residenciales y residente de Pereira, insiste en que cualquier plan de reconstrucción debe arrancar por un registro único de damnificados que incluya a todos los afectados, sin importar estratos o nivel de afectación, “para que no se vayan a colar los mismos que siempre se cuelan en una calamidad”.

“Hoyos recuerda que, en Popayán, en 1983, “hubo ayudas que se las robaron”, y que buena parte de los recursos terminó apoyando más al norte del Cauca que a la propia Popayán, pese a haber sido la zona más golpeada.

De ahí la necesidad de tener una verificación sobre quién administrará los recursos esta vez.

“Según cuenta Hoyos, en 1999 se usó la figura de un directorio ejecutivo para dirigir la reconstrucción. Pero advierte que, sea cual sea la figura empleada hoy, la sociedad civil y los propios afectados deben tener asiento en las decisiones (a través de cooperativas u organizaciones populares). Algo que, dice, no puede quedar solo en manos de un funcionario designado desde Bogotá”.

En el párrafo atinente a Popayán, el entrevistado Hoyos dice que “hubo ayudas que se las robaron”, lo cual es cierto pues en 1983 tanto a nivel nacional, departamental y municipal no existía la estructura administrativa oficial que hoy existe para afrontar emergencias y la avalancha de ayuda nacional e internacional que de víveres, carpas y ropas llegó a entidades como la Cruz Roja nacional y local, la Defensa Civil y la alcaldía y la gobernación, con sus sedes destruidas por el terremoto, quedando la distribución en manos de personal improvisado que no estaba preparado para un manejo organizado de las ayudas inmediatas, distribuyéndolas según criterios personales permeados por el amiguismo y clasismo.

OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN

En cuanto al grueso de los recursos ($5.000 millones de entonces) destinados meses después del terremoto por el gobierno del presidente Belisario Betancur para la reconstrucción y construcción de edificios de usos público y viviendas urbanas $3.500 millones, $1.000 millones para reconstrucción de viviendas rurales en Popayán y municipios vecinos y $500 millones para un centro de acopio de materiales de construcción para asegurar suministros y controlar la esepculación .

Al Banco Central Hipotecario, BCH, con el 88% de acciones propiedad del Estado, llegaron $3.500 millones para la reconstrucción de sedes de entidades públicas, comercios y viviendas prestándolos a intereses comerciales, lo que a la larga originó un movimiento de los usuarios de los créditos para reconstruir viviendas y locales comerciales, agrupados en FUNDAT, para presionar que los intereses del 18% fueran rebajadas al 6%, considerando que fueron concedidos por el gobierno nacional para afrontar una emergencia y no para que el banco hiciera negocio.

También fue creada la entonces llamada Corporación para la Reconstrucción del Cauca, CRC, que años después, con la misma sigla, pasaría a manejar los recursos naturales del departamento.

A la CRC llegaron los recursos para reconstruir los edificios públicos que se derrumbaron con el terremoto, empezando por las sedes de la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca, que acudiendo a diseños arquitectónicos con fachadas estilo colonial, al interior incorporaron materiales y elementos de edificaciones modernas, construyéndolas ampliadas al adquirir lotes vecinos, como el del antiguo hotel Lindbergh incorporado a la alcaldía, y la casa de los Zambrano a la Gobernación.

Desde entonces fueron comunes varias asambleas y movilizaciones que a veces se enlazaban con las de los beneficiarios de créditos del Instituto de Crédito Territorial, ICT y la organización popular que agrupaba a los habitantes de los entonces llamados “asentamientos”, surgidos en varios terrenos públicos y privados dispersos por la ciudad, ocupados por habitantes de inquilinatos que tumbó el terremoto y personas sin vivienda de la ciudad y departamentos y municipios vecinos que aprovecharon para improvisar sus cambuches.

Sólo años después de la lucha de los damnificados del terremoto y del asesinato de los dirigentes Lucho Calderón y Luis E. Solarte, los asentamientos fueron reconocidos, legalizados por el gobierno y apoyados en el proceso de autoconstrucción de sus viviendas a partir de los cambuches, con activa participación del SENA, dirigido por Gustavo Wilches Chauz, en la capacitación de mujeres y hombres que mediante trabajo comunitario edificarían sus casas y las de sus vecinos con materiales de construcción a bajos precios canalizados a través de centros de acopio.

En cuanto a los damnificados que recibieron créditos del BCH y pagaban sus cuotas al ICT, después de larga lucha lograron que por ponencia del senador Aurelio Iragorri Hormaza fuera expedida la llamada “ley de alivio”, que bajó al 6% los intereses de los prestamos del BCH y disminuyó considerablemente el monto mensual de las cuotas a pagar por los beneficiarios del ICT, prolongando en ambos casos los años para saldar las deudas.

Para impulsar el desarrollo económico de la ciudad paralelamente a la “ley de alivio” fue expedida una ley para instalar una zona franca industrial donde pudieran llegar fabricas que permitieran la creación de empleos formales, escasos en la ciudad donde la burocracia y el rebusque eran la mayor fuente de empleos (al igual que ahora). Esta ley no tuvo la acogida esperada y a Popayán no llegaron grandes industrias.

CONFUSIÓN

Precisamente aquí radica la confusión que expresa el pereirano entrevistado por el periodista de El Espectador, cuando afirma que: “Hoyos recuerda que, en Popayán, en 1983, “hubo ayudas que se las robaron”, y que buena parte de los recursos terminó apoyando más al norte del Cauca que a la propia Popayán, pese a haber sido la zona más golpeada”.

Se nota que Hoyos confunde el terremoto de 1983 con el de 1995 y la avalancha que afectó al nororiente del Cauca y suroccidente del Huila y para la reconstrucción del área afectada originó la Ley Páez, también presentada por el senador Iragorri Hormaza, con la creación de la Corporación Nasa Kiwe, buscando la reconstrucción material del área directamente afectada por el terremoto y la avalancha. Además, la reactivación económica de los municipios directamente afectados más la de otros como Popayán y los del norte del Cauca donde los daños fueron mínimos.

Gracias a esta ley, con atractivas exenciones tributarias para las grandes industrias, estas no se asentaron en los municipios más afectados de Tierradentro y el Huila ni en Popayán, centro y sur del departamento, pero si en los cercanos a Cali, ubicados al inicio del valle geográfico del río Cauca, donde habilitaron varios parques industriales en Santander de Quilichao Caloto, Puerto Tejada y Miranda, a los que llegaron más de 100 industrias entre grandes, medianas y pequeñas, facilitando la creación de cerca de 25.000 empleos, un incremento en el comercio, la apertura de sedes universitarias en Santander de Quilichao y las s condiciones para que Villarrica se separara de Quilichao y Guachené de Caloto, creando nuevos municipios.