ÍCARO RUMBO AL PALACIO DE NARIÑO

Si de algo podemos estar seguros, es de que la elección de un showman para la Presidencia representa el último gran intento de la ultraderecha por conservar el poder en Colombia.

Hace algunos años, las elecciones presidenciales se definían por diferencias amplias. Hoy el panorama es completamente distinto: la pasada elección se resolvió por un margen inferior al 1 %, un fenómeno que también se observó en países como Perú. Esto demuestra que el progresismo ha dejado de ser una fuerza marginal para consolidarse como un actor político capaz de disputar el poder en condiciones de igualdad y proyectarse como la alternativa de largo plazo.

El estrecho resultado electoral estuvo influenciado por una intensa campaña de propaganda dirigida contra el gobierno progresista, centrada en cuestionamientos sobre sus relaciones con grupos armados, presuntos hechos de corrupción y el manejo de la economía. Sin embargo, diversos indicadores económicos y sociales contradicen esa narrativa y muestran una realidad más compleja de la que suele presentarse en el debate público.

La diferencia entre ambos proyectos trasciende la simple disputa por el poder. Las expresiones de la extrema derecha suelen privilegiar la concentración del poder político y económico, la preservación de estructuras tradicionales de privilegio y la defensa de intereses particulares; el progresismo, por el contrario, busca ampliar derechos humanos y políticos, reducir las desigualdades, fortalecer la justicia social y colocar la dignidad humana como eje de la acción del Estado.

Por esa razón, considero que la disputa política ya no es exclusivamente colombiana, sino que forma parte de un debate global entre modelos que privilegian la concentración del poder y aquellos que buscan construir sociedades más justas, solidarias e incluyentes.

En ese contexto, creo que el nuevo presidente de Colombia representa, más que un relevo electoral, el ocaso de la derecha tradicional colombiana. Es, a mi juicio, el principio del fin de un modelo político que durante décadas gobernó bajo la promesa de resolver los grandes problemas nacionales y que, sin embargo, dejó profundas desigualdades, corrupción estructural y una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones.

Paradójicamente, estos próximos cuatro años representan un mal necesario. Si el nuevo gobierno no responde a las expectativas que despertó en quienes apostaron por el regreso de ese sector político, será la propia realidad la que permita a muchos ciudadanos comprender que la derecha tradicional no ha tenido como prioridad transformar el país, sino preservar las estructuras de poder que históricamente han beneficiado a una élite política y económica; en otras palabras, mantener el trono de unos cuantos reyezuelos.

El progreso de Colombia no puede construirse sobre campañas permanentes de propaganda ni sobre el miedo a la reestructuración de las instituciones y del modelo actual. Solo será posible si el país apuesta por la educación como motor de movilidad social, por la ética como principio de la función pública, por la decencia en el ejercicio del poder y por instituciones que respondan al interés general y no a privilegios particulares.

Creo que los movimientos progresistas seguirán ganando terreno en Colombia y en otras partes del mundo porque representan la aspiración de millones de personas que solo quieren vivir en sociedades con mayor igualdad de oportunidades, libertad, justicia y dignidad. La historia demuestra que los modelos políticos cambian cuando dejan de responder a las necesidades de la gente: ningún proyecto es eterno y, cuando un sistema privilegia la conservación del poder sobre el bienestar colectivo, inevitablemente comienza su declive.

Quizá por eso este nuevo mandato presidencial marque un punto de inflexión, no por el final del debate democrático entre distintas ideas, sino por el agotamiento de una forma tradicional de hacer política que durante demasiado tiempo confundió la defensa de sus privilegios con la defensa de los intereses de la nación.